La polémica suscitada por el anuncio de presentación de un requerimiento de incompetencia por parte del Govern catalán tiene dos posibles lecturas.
A un lado del espectro mediático, en la COPE, esta mañana los comentaristas no tenían reparo alguno en ver en este anuncio una clara muestra de haber estado en lo cierto, con sus catastrofistas vaticinios, durante toda la campaña de tramitación del nuevo Estatut.
En el lado contrario, desde la SER, los analistas con sillón fijo se apresuraban a ver nada más que un sencillo y común conflicto competencial, sin que hubiera surgido conflicto de trasfondo alguno. Venían a decir, más o menos, que en realidad el gobierno del tripartito no estaría en contra de una tercera hora semanal de enseñanza del castellano, sino tan sólo de que fuera el gobierno central quien lo dictaminase –extralimitándose de sus actuales atribuciones en este nuevo escenario estatutario-.
Sólo uno de los dos “bandos” puede estar en lo cierto. El tiempo nos dirá. Yo, mientras tanto, tiendo a pensar que, teniendo en cuenta la naturaleza de las formaciones que apoyan al PSC, éste es –o va camino de ser- un conflicto de profunda naturaleza política; no meramente competencial.