Resulta difícil adoptar una posición firme al respecto del modelo óptimo de bancos de cordón umbilical.
La polémica ha saltado a las páginas de los periódicos a raíz del enésimo conflicto político surgido entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.
Existen buenos argumentos a favor y en contra de la regulación de los bancos privados.
Por un lado, resulta complicado negar a los ciudadanos con medios económicos suficientes la libertad de dirigir parte de esos medios a preservar un bien tan fundamental como lo es la futura salud de sus hijos. Por otro, sin embargo, unos bancos públicos desprovistos de una necesaria ‘masa crítica’ de cordones, perjudican sensiblemente a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
La propuesta de bancos mixtos, defendida entre otros por Rafael Matesanz -responsable de la Organización Nacional de Transplantes-, mediante la cual una familia podría guardar cordones para su propio uso, si así lo aconsejase un informe médico, acompañada además de una provisión que obligue a ceder a los centros privados la sangre almacenada a quien lo necesite, semeja ser un razonable punto medio.
Todo esto en el contexto de un Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, que tiene como objetivo reducir la actual dependencia de cordones provenientes del extranjero -cifrada en un 62% en la actualidad- hasta alcanzar una bienvenida autosuficiencia.
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