Se ha consumado el ridículo del Estatuto de Autonomía andaluz. Solamente el 36% de los ciudadanos se molestó en acudir ayer a las urnas con motivo de la convocatoria del referéndum de aprobación -cifra que se compara muy desfavorablemente con el 53% de participación en 1981-.
El ‘Sí’ obtuvo el 87% de los sufragios. En conclusión, un documento de rango inmediatamente inferior a la Constitución en el sistema normativo español, ha sido aprobado con el apoyo de menos de un tercio de los votantes –el 31% exactamente-.
Con este proceso estatutario, la clase política ha vuelto a dar una elocuente muestra de su absoluto distanciamiento de la ciudadanía y sus preocupaciones reales. La novedad más destacable con respecto al proceso estatutario catalán, es que de la quema del andaluz no se salva ni uno solo de los partidos con representación en el parlamento nacional. Únicamente el Partido Andalucista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por motivos bien diversos, apoyaron públicamente el ‘No’.
¿Qué iniciativa podríamos promover los ciudadanos para intentar evitar desaguisados como éste en el futuro? Una, la más obvia quizá, pasaría por el impulso a una iniciativa legislativa según la cual una norma de este rango –que requiera de referéndum de aprobación- no podría entrar en vigor si el número de ciudadanos que la vota es significativamente inferior al número que ratificó la anterior y a vigente en el momento de la votación –que por cierto ha sido, de largo, el caso tanto en Cataluña como en Andalucía-.
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