Salta hoy a las portadas la polémica en torno a la creación -aprobada por el Parlament de Cataluña, con la única oposición del PP y Ciudadanos- de una novedosa Agencia Tributaria autonómica.
A pesar de que el nuevo estatuto de autonomía catalán se encuentra aún bajo el escrutinio del Tribunal Constitucional, ante las múltiples cuestiones que su muy posible inconstitucionalidad suscita, el conseller de economía y finanzas del gobierno autonómico, señor Castells, no ha tenido el menor reparo en proclamar que esta norma pactada por el tripartito y CiU “va más allá del Estatut”.
Las fuerzas políticas nacionalistas –para qué nos vamos a engañar, el PSC no es más que otra- se han comprometido a promover una administración tributaria única que gestione, recaude y liquide todos los impuestos.
Mientras el ministro Solbes se esfuerza –con su peculiar estilo ‘blandy bloop’- en intentar poner cara de serena disconformidad, haciendo declaraciones del tenor de: “Respeto enormemente lo que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña, pero tengo que cumplir lo que se ha aprobado en el Parlamento español”, resulta increíblemente frustrante leer comentarios de los lectores, en sitios como www.elpaís.com, planteando que ¿quién mejor que los catalanes para gestionar las recaudaciones que les corresponden?
¿Cómo “que les corresponden”? ¿A qué grado de perversión antisolidaria y plenamente inconstitucional hemos llegado –con la inestimable colaboración de gran parte de los medios de comunicación nacionales- para que nociones como ésas hayan anidado con tanto éxito en la conciencia de tantos y tantos españoles?
Y aquí seguimos muchos, absolutamente perplejos, esperando al Godot de María Emilia Casas, con el anhelo de que el Tribunal Constitucional se imbuya del espíritu del recuperado Botafumeiro y no incurra en una flagrante dejación de competencias al posponer sine die la fecha de su fallo sobre el ya celebérrimo Estatut.
Nos va mucho en ello. A todos.
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