Novatore

¿Más financiación autonómica?

Toca repartir otra vez los cuartos de lo público entre España –esa paletada de la edad de piedra– y unas relucientes Autonomías/Realidades Nacionales/Naciones/Nacioncillas/Estados Libres Asociados etc. que esculpe nuestra posmodernidad de medios complacientes, políticos de sigla y representatividad distorsionada, ante el bostezo generalizado de unas audiencias más interesadas en el fútbol y el chiki chiki.

En este contexto saltan a la palestra los análisis de los supuestos expertos. ¿Sorpresas? Ninguna. Quizá resultaba especialmente sarcástico leer una tribuna de opinión publicada en El País escrita por el secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña, Joan Coscubiela.

¿Qué tendría que aportar al debate del reparto de los recursos públicos una persona marcada a la vez por su militancia sindical obrera y su inmersión en el oasis nacional-catalanista? ¿Se expondrían los principios del Doctor Jekyll o los de Mister Hyde?

Pero, ay, como vaticinan los críticos del centrismo en clave burlesca, siempre existe una ‘tercera vía’. Sólo es preciso tener la osadía y el desparpajo necesarios para obviar las inoportunas restricciones que pueda imponer ese campo de la lógica, a veces tan antipático.

Dice Coscubiela en su “Financiación autonómica: una visión social”, que el diferencial de renta entre personas [se supone que españolas, palabra maldita] no se ha reducido en las últimas décadas –Dr. Jekyll hablando en representación de esas CCOO que creemos conocer–, y, a la vez, que Cataluña sufre una clara injusticia en términos fiscales al recibir “la ciudadanía de Cataluña” mucho menos de lo que aporta como media –al habla Mr. Hyde valiéndose del raca raca victimista tan conocido como rentable–.

En un párrafo lo que importan son ricos y pobres. En el siguiente catalanes y españoles. Oiga, que si lo que importan son los pobres nos debería dar igual que los catalanes tributen más que la media, ¿no? La lógica diría que sí, que no se puede servir a dos señores. Los principios exigen jerarquía. Una determinación de cuál debe prevalecer en caso de conflicto. El escrito del señor Coscubiela, como tantos otros que estamos acostumbrados a leer, se mimetiza en el reinante paisaje de inanidad intelectual intentando quedar bien con tirios y troyanos. Todos, eso sí, ‘progresistas’.

Sin embargo, el siguiente paso que desde aquí recomendamos al señor Coscubiela es pasarse a las filas del PP. Unos buenos enjuagues como los que él tan bien demuestra practicar es precisamente lo que ahora más se demanda en Génova 13: ser filo y anti nacionalistas, duros y moderados, ‘liberales’ y ‘centristas’, todo, a ser posible, al mismo tiempo.

En el mundo de lo virtual nada es inalcanzable.

Maltratados

El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de que un maltratador reciba un castigo penal más duro por el hecho de ser varón, tal y como estaba previsto en la Ley de Violencia de Género aprobada durante la pasada legislatura.

La votación final, anterior al reciente fallecimiento del magistrado García Calvo, registró un ajustado 7-5. Pero más allá de constatar, una vez más, el odioso desgajamiento del Constitucional en dos bloques perfectamente predecibles atendiendo al partido político que propuso en su momento el nombramiento de cada magistrado, lo nuclear de esta noticia es la flojera de los argumentos que sirven de soporte jurídico al fallo del alto tribunal.

Según las informaciones periodísticas sobre el asunto, el TC no habría atendido a razones de discriminación positiva de la mujer, sino (1) a su especial vulnerabilidad, y (2) a la mayor frecuencia de los maltratos cometidos por delincuentes varones.

Dejando aparte el que la discriminación positiva y las actuaciones dirigidas a paliar las especiales vulnerabilidades, no sólo no son elementos enfrentados, sino que más bien suelen ir de la mano, centremos el foco sobre los dos supuestos pilares de la resolución.

En primer lugar, ¿afirma nuestro alto tribunal que todas las mujeres son más vulnerables que cualquier hombre? Desde luego no creo que sea así, ni creo que la inmensa mayoría de los españoles esté de acuerdo con esta afirmación, por puro sentido común desarrollado en la vida cotidiana.

Por otro lado, si se consolida esta doctrina, me pregunto, ¿no podrá ser empleada en contra de algunas mujeres, pongamos por caso en el acceso a determinadas profesiones en las que la ‘vulnerabilidad’ como categoría pueda ser traída a colación? Sería tan lamentable como paradójico. 

En segundo lugar, ¿desde cuándo es la mayor frecuencia un argumento válido en base al cuál fijar mayores penas para hechos delictivos que resultan en iguales daños? Siguiendo ese criterio se deberían penar más los robos en las joyerías que en los supermercados. Llevando la doctrina a sus últimos límites, las penas por los distintos crímenes cotizarían en bolsa y los corredores del delito podrán consultar cuál es el ‘delito chollo’ del mes.

En fin, decisiones como éstas deben mover a una profunda reflexión. Introducir en la calificación del delito categorías apriorísticas insostenibles o criterios estadísticos como la frecuencia, al igual que la excesiva lenidad procesal en la aplicación de las penas, especialmente para los delitos con recurso a la violencia, no hacen más que enturbiar la capacidad de la justicia a la hora de proveer soluciones aceptables para la inmensa mayoría de la sociedad.

Pregunto: ¿no sería infinitamente más razonable que la ley considerase los agravantes caso a caso, en función de unos bienes jurídicos verdaderamente constitucionales, esos que la legislación penal debe comprometerse a proteger? Lo contrario no son más que recursos a una ingeniería jurídico-política que oscila entre lo bienpensante y lo populista. Eso sí, con el TC como coartada.

La rectitud del sentido común

Enric González pasa por ser uno de los escasísimos periodistas capaces de recibir elogios desde las dos grandes orillas ‘político-mediáticas’ de nuestro país.

En los últimos días nos ha deleitado con dos magníficos artículos en las páginas de El País. En el primero de ellos, titulado “Pobres”, el antaño corresponsal en Italia –país desde el que escribió artículos futbolísticos sencillamente soberbios sobre el calcio– ponía en su punto de mira el penúltimo reality show con el que nos atizan las grandes cadenas nacionales, es este caso Cuatro.

En el nuevo formato televisivo, un ‘asesor’ tiene el cometido de ayudar a una familia en apuros económicos con sus muy sabios consejos para poder llegar a fin de mes. La tarea parece harto difícil dado que la cabeza de familia gana escasamente trece euros más al mes de lo que le cuesta su cuota hipotecaria… Como complementos, los ingresos del único de sus dos hijos en edad de trabajar con un empleo, y la pensión que pasa el ex-marido por el hijo pequeño, apenas dan para pipas.

Apuntaba con acierto González que este reality bien podría pasar por ser el más obsceno de la televisión española. Sólo habría que añadir a la detallada crónica de las penurias económicas de la familia Agudo Ortiz algunos complementos: las ayudas públicas en marcha para rescatar a los sectores bancario y de la construcción; las inyecciones de liquidez para revitalizar a la ciclotímica bolsa; o el amplio acuerdo político de los grandes partidos para no provocar al capital con medidas ‘anticuadas’.

En el otro artículo, igual de incisivo y destacado esta vez por Santiago González en su blog alojado en El Mundo, el columnista de El País le reprochaba a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sus comentarios declarándose “horrorizada” por haber posado para una foto en Níger con, nada más y nada menos, que un polígamo empresario de la chufa.

Enric González hablaba en su artículo del abuso, la manipulación y la hipocresía detectables en esa actuación, especialmente cuando se contrapone al pulcrísimo silencio con el que se ha actuado ante visitas de notorios polígamos como el rey Abdulá o el coronel Gaddafi. ¿La diferencia más obvia entre unos casos y el otro? Ay, la inconveniente detentación del poder de nuestros insignes invitados.

Hay que celebrar artículos tan preclaros como éstos, más si cabe en días en los que la desvergüenza chaquetera del camaleón infecta a insignes representantes de nuestra clase política. Véase sin más el curioso homenaje rendido recientemente por el –según algunas quinielas– proto-Secretario General del PP, Jorge Moragas, convirtiéndose con gran ardor a la doctrina tan ‘pepiñesca’ de la España compleja, plural y diversa.

Cosas veredes…

Argumentos preclaros; razonamientos obtusos

En una misma semana hemos podido leer dos artículos muy distintos en las páginas de opinión de El País.

El primero al que haré referencia es el de Félix Ovejero, titulado “Economía melancólica” (El País, 3 de mayo 2008). En él Ovejero ponía el dedo en la llaga al denunciar la pasmosa asimetría liberal-capitalista que parecemos haber aceptado, como opinión pública, de un modo singularmente acrítico.

Mientras no hace mucho, a países menos desarrollados sumidos en graves crisis financieras –véase Argentina– se les imponían rigurosas ortodoxias como condicionante a la recepción cualquier tipo de ayuda desde las instancias monetarias supranacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional…), las mismas voces que entonces validaban la ‘mano dura’ se convierten ahora en amables corderillos balando por una intervención estatal que proteja las partes menos nobles de nuestros agentes económicos de mayor postín (bancos, cajas, constructoras…), otrora apóstoles de la desregulación y del libérrimo mercado de los machos alfa.

Como bien dice Ovejero en su artículo, “cualquier majadero se embarca en negocios si sabe que el Banco Central le salvará”. El argumento es inapelable. En época de bonanza las ganancias se comparten con los contribuyentes sólo al tipo del impuesto de sociedades, quedando la parte del león para los accionistas; en época de vacas flacas, sin embargo, no apetece asumir las pérdidas que tocan.

Aun así, el desparpajo de este furioso ímpetu socializante de nuestros ¿empresarios? bandera no hace más que alcanzar nuevas cotas. La última ocurrencia consiste en proponer oficialmente la utilización del dinero del Fondo de la Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la crisis inmobiliaria. Las asociaciones implicadas (bancos y cajas de ahorros) solicitan al Gobierno que los fondos de la Seguridad Social se inviertan en la compra –es decir financiación– de sus devaluados activos.

Y en contraste con esta crítica tan correctamente argumentada, Juan José López Burniol, miembro de la maragalliana Ciutadans pel Canvi, publica en la misma semana “La dialéctica centro-periferia” (El País, 28 de abril 2008).

El político catalán afirma que el antagonismo político que irá cobrando mayor relevancia en el futuro es el Gran Madrid-comunidades de la periferia. Bien, interesante. Examinemos el razonamiento.

Afirma López Burniol: (1) que “el Levante y el Sur” son comunidades emergentes, (2) que “el Norte” pierde empuje y es menos atractivo, y (3) que hemos asistido al despegue del “centro/Gran Madrid”. Todo ello, por cierto, avalado con datos relevantes como la evolución histórica de la atribución de escaños.

Pero sorprende el autor cuando de esos presupuestos concluye: (1) que España cada vez es más homogénea (¿se deduce de los presupuestos de base?), y tachán, tachán, (2) que de esta dinámica se deduce la conveniencia de desarrollar un Estado federal (vieja, viejísima, reclamación del ex-President Maragall).

Quizá le convendría a López Burniol revisar sus conclusiones, acaso blindadas a priori, en vista de la realidad política actual. Y es que esa realidad habla de que el nuevo Estatut de Cataluña no resulta especialmente amable para la ‘periferia’. Es más, cualquier limitación a la impropiamente llamada ‘solidaridad interterritorial’ encontrará sin duda el apoyo egoísta de los contribuyentes de ese rico “Gran Madrid”, mucho antes que el de los andaluces, por citar un ejemplo.

Quizá, insisto, le convendría a López Burniol confrontar su teoría con la realidad que escupen los primeros contactos entre los distintos dirigentes autonómicos de cara a la negociación de un nuevo régimen de financiación. ¿Se apiñan los presidentes en función del esquema centro-periferia, o lo hacen más bien en función del esquema comunidades ricas-comunidades pobres? A los datos me remito.

Aquelarre liberal

Arden los liberales. Tras una época en la que ser liberal era de lo más ‘fashion’, ahora resulta que en el seno del PP se huye de la palabrita como de un apestado por la peste bubónica.

Con todo, conviene no confundir los términos. ¿Queremos decir todos lo mismo al emplear la palabreja de marras? En absoluto es así.

Resultaba divertido leer en las páginas de El País a José María Lassalle, responsable de estudios del PP, lanzando dudas sobre qué entiende Esperanza Aguirre por liberalismo. Lo hacía en estos términos: “En cualquier caso, sus continuas apelaciones al liberalismo a través de autores como Friedman o Hayek producen cierta inquietud, ya que dejan en el ambiente los ecos neoliberales de la melodía de la revolución conservadora que protagonizaron Reagan y Thatcher.”

¿Y por qué divertido? Porque coincidía más o menos con la interfecta mostrando su cara más ‘amable’ en horario de máxima audiencia en TVE; en ese formato que sin duda caerá presa de las garras del Ministerio de Igualdad de la Aidó, ante el flagrante trato de favor, con barra libre de micrófono incluida, otorgado a José Luis Rodriguez Zapatero esta semana.

Y no sólo eso, también coincidía con Federico Jiménez Losantos bramando en la COPE contra el hereje centrista por renegar de Reagan y Thatcher. Y con Pedro J. Ramírez trazando una línea de fuego entre los verdaderos liberales, como él, defensores de la “igualdad de iure” y los adoradores del becerro de oro, intervencionistas bajo diversos disfraces, empeñados en reclamar “la igualdad de facto”.

¿En qué quedamos? Presumía Esperanza Aguirre de ser muy clara y directa en 59’’. A ver si nos puede aclarar unas cosillas. Un par tan sólo: (1) ¿Son Reagan y Thatcher referentes políticos para ella?  (2) ¿Se queda su idea de la igualdad en la mera igualdad ante la ley? Dos sencillos síes o noes ayudarían mucho a aclarar el panorama. Al menos desde un punto de vista teórico.

Desde el práctico, en todo caso, sus atribulados gobernados en la Comunidad de Madrid manejamos una lista lo suficientemente amplia de medidas anti-liberales como para no caer en el error de creernos que en España son los proyectos ideológicos bien definidos los que orientan la acción política de los grandes partidos.

Por último, una constatación de lo que parece unir a Lassalle –y por lo tanto a Rajoy– con Aguirre. A juzgar por sus declaraciones los dos parecen estar encantadísimos de echarse en brazos de esos Polifemos que algunos se empeñan en llamar ‘nacionalistas moderados’. Eso sí, con palabras mucho más decorosas. ¿Será el acomodamiento a los separatismos el verdadero marchamo del liberalismo español contemporáneo? Permítanme que lo dude.