Inconmensurable artículo del periodista —suena a poco—Josep Ramoneda en el diario El País. Todo un alegato a favor de escribir una nueva página en la historia de constitucionalismo occidental. Bueno, quizá no tan nueva, meditándolo bien.
Uno podría pensar que lo fundamental del escrito del articulista catalán es su revolucionaria doctrina respecto a las atribuciones de nuestro Tribunal Constitucional. De acuerdo con lo expuesto, si la esperada sentencia sobre el archifamoso Estatut 2.0 fuese “negativa” (sic), la ciudadanía de Cataluña “podría sentirse víctima de un abuso”. Los señores magistrados del TC son, a ojos del señor Ramoneda, poco menos que okupas que, con el nauseabundo apoyo de los malos en todas sus películas —organizaciones y partidos que no gozan de su particular versión del marchamo de calidad progresista—, se atreven, ¡oh sí se atreven!, a cuestionar la indiscutible legitimidad decisoria de la sacrosanta nación preambular catalana.
Podría ser eso lo destacable, digo. ¿Cómo admitir que el Tribunal Constitucional funcione según lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, cuando podría hacerlo perfectamente siguiendo los esquemas y preferencias del ciudadano Ramoneda? ¡Resulta inadmisible! Lo que ha sido respaldado en referéndum por el 36% —no, no he bailado los dígitos— de los catalanes con derecho a voto va a misa, al menos esta vez.
Pero no es ese ingenioso volcado secuencial de frases, que no argumento solvente, lo que concita nuestro interés. Lo mejor del artículo en cuestión es la falacia de que “la prudencia es una virtud que se funda […] en la capacidad de anticipar lo que es más justo y adecuado a una situación determinada”. “Lo más justo y adecuado” como si fueran indisociablemente de la mano. ¿Adecuado en base a qué criterio de justicia, señor Ramoneda? ¿El suyo propio?